Amnistía Internacional (AI) destacó este martes en su informe anual 2023 que en República Dominicana continuaba la discriminación contra haitianos y dominicanos de esa ascendencia, mientras persistía el racismo contra la población negra.
Según el informe de AI ‘El estado de los derechos humanos en el mundo’, la discriminación se acentuó entre ‘mujeres y niñas, personas LGTBI y la población migrante, solicitante de asilo y refugiada’.
Particularmente preocupante fue la situación de las mujeres embarazadas o en posparto que solicitaron asistencia médica y fueron consideradas haitianas por las autoridades, pues sufrieron discriminación e incluso fueron detenidas en hospitales para su deportación.
Teniendo en cuenta estos retornos de mujeres embarazadas a Haití, siete mecanismos de derechos humanos de la ONU solicitaron el pasado septiembre que se separara el control migratorio del acceso a los servicios públicos.
Por otro lado, Amnistía Internacional criticó la “privación arbitraria de la nacionalidad”, una década después de que un fallo judicial avalara esta práctica y quitara retroactivamente la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana.
En 2023, indica AI, el Gobierno siguió sin adoptar “medidas suficientes para mitigar y reparar las violaciones de derechos humanos causadas” por esa decisión y, además, no se estaba cumpliendo la decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. en conjunto con. . en 2014 en este sentido, lo que significó que decenas de miles de personas, la mayoría de ascendencia haitiana, quedaron sin nacionalidad.
Ante esto, la Comisión Interamericana solicitó al Ejecutivo dominicano apoyar a estos apátridas en la regularización de su situación.
En opinión de Amnistía Internacional, otro de los principales problemas de República Dominicana en relación con los derechos humanos es la violencia de género y sexual, en un país donde el aborto está prohibido en todos los casos.
En 2023, la falta de reforma del Código Penal para brindar protección contra “la tortura, la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género”, el hecho de que los feminicidios y los crímenes de odio no estén tipificados como delitos y la falta de una edad mínima La demanda de consentimiento sexual, junto con la elevada explotación y abuso sexual de menores, constituyen otras cuestiones que AI debe resolver.
Respecto al uso excesivo de la fuerza, se informa que no se han logrado avances en la lucha contra la impunidad en situaciones de este tipo.
Finalmente, AI hace referencia a la confirmación de que la periodista Nuria Piera, especializada en temas de corrupción, fue atacada por primera vez en 2020 con un programa de espionaje, una vigilancia en la que tanto la Fiscalía General como el Ministerio del Interior y la Policía negaron haber participó.
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